Ante el primer caso ocurrido en El Calafate, la provincia debió adoptar la guía técnica de Nación, que sólo exige una declaración jurada. Sin embargo hay posturas diferentes en los hospitales. Reuniones para redactar una guía técnica provincial. Está pendiente un fallo del Tribunal Superior de Justicia.

Foto: Patagonia Nexo

Hospitales de la provincia se encuentran en proceso de debate interno sobre qué contenido debe tener la guía técnica o protocolo de intervención ante pedidos de Abortos No Punibles (ANP).

El pasado 13 de septiembre se cumplieron seos meses del fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció una guía técnica sin mayores requisitos que la presentación de una declaración jurada donde la solicitante afirme que su embarazo fue producto de una violación. Ante esto el servicio de Salud debe garantizar la interrupción de la gestación.

A su vez el fallo judicial instaba a las provincias a elaborar sus propios protocolos o adherir al nacional. Santa Cruz aún no tenía su documento propio cuando apareció la primera solicitud de ANP: el recordado caso de una adolescente residente en El Calafate.

Por ello debió adherir “a las apuradas” a la guía técnica de Nación, pero ya es tiempo de tener un protocolo propio y en eso se quiere avanzar en el corto plazo.

“Desde el mes de abril se hizo una convocatoria a todos los hospitales para que eleven sus opiniones sobre el tema. Recibimos respuesta de pocos hospitales, y de algunos la respuesta que recibimos fue simplemente que nunca habían estado ante ningún caso como para analizar el tema”, dijo el Subsecretario de Salud Integral, Dr. Daniel Santiago (FOTO) al explicar el porqué del retraso.

El funcionario provincial admitió que “el caso de El Calafate y el hecho de haber adherido al protocolo de Nación encendió la mecha de discusión que no habíamos podido lograr en el mes de abril”.

Es que ante esta situación los hospitales debieron apurar el debate interno para definir una postura. El Dr. Santiago dijo en FM Dimensión que “actualmente el cuestionamiento pasa por definir cuáles son las exigencias requeridas para ingresar en el protocolo de Aborto no Punible”.

Hay quienes quieren que, además de la declaración jurada, se exija una denuncia policial y hasta la intervención judicial ya que, precisamente por el accionar de la Justicia, se determinó que el caso de El Calafate no había sido una violación.

La definición de cada postura estará a cargo de la Dirección Médica, Servicios de Salud Mental y Tocoginecología, Comités de Ética y Asesores Legales de cada hospital, que deberán plasmar en un documento.

El Subsecretario de Salud adelantó que en el mes de octubre se realizará la próxima reunión general para avanzar en una guía técnica propia, donde acudirán directivos y equipos técnicos de todos los nosocomios. “Cada hospital tiene con el compromiso de trabajar en definir la postura sobre el tema. Además vendrán autoridades del Ministerio de Salud de Nación”, dijo Santiago.

En tanto el Tribunal Superior de Justicia aún tiene pendiente emitir un fallo sobre el recurso de amparo presentado por la Defensora Oficial de El Calafate, Dra. Ethel Gassman, en donde precisamente solicita que la provincia se abstenga de aplicar la Guía Técnica de ANP de Nación y se redacte una a nivel provincial, con mayores requisitos.