Por ahora las acciones se limitan a controles que realizan inspectores en la terminal de ómnibus. La delegación vuelve a funcionar luego de mas de cinco años sin que se firmara el convenio entre Provincia y Municipio.

La delegación de Transporte Provincial vuelve a ponerse en funcionamiento, luego de mas de un período de gobierno municipal en el que no se conocieron acciones.

Transporte de la Provincia es la autoridad de aplicación de la legislación santacruceña en materia de transporte público. Pero al no contar con oficinas en el interior, su presencia se da mediante convenio con los municipios.

Desde que el intendente Javier Belloni comenzara su gestión hace cinco años, no se había reactivado el convenio.

Finalmente, un primer acuerdo ocurrió en el mes de abril, cuando autoridades municipales y provinciales firmaron el entendimiento.

Municipalidad contrató como empleado de planta a Gabriel Barrientos, y lo designó como jefe de la incipiente delegación. Además afectó a otros dos empleados para el rol de inspectores.

La semana pasada fue la primera de actividad. Los inspectores comenzaron a realizar los controles en la terminal de ómnibus de la ciudad, consistentes en la constatación de medidas de seguridad y documentación de vehículo y choferes.

“Estamos recién comenzando, por ahora son los primeros controles. La idea no es ir al choque con nadie”, comentó Gabriel Barrientos.

Pero la Delegación tiene una función limitada. Aún no tiene sede precisa, por lo que sus tres integrantes trabajan en la oficina del centro de informes turísticos de la misma terminal. El ámbito de actuación de los inspectores es la misma terminal municipal sin poder hacer controles fuera de ella. Tampoco reciben ni realizan trámites.

“Estuvimos haciendo los cursos en Río Gallegos y por ahora estamos sólo en la terminal, luego las autoridades provinciales van a ir definiendo los pasos a seguir”, contó.

Terminada la primera semana, no se registraron novedades. Los puntos observados a la salida de cada una de las líneas regulares fueron notificados a las empresas, pero sin registrarse multas ni sanciones, porque además aún no llegan los formularios correspondientes desde Río Gallegos.