Dos familias se disputan la tenencia de una vivienda. Una lo hace en su rol de inquilino, otra como propietaria del bien. Debió llegar la policía y hasta el juez penal de la ciudad.

 

Un confuso episodio se generó en una vivienda particular del barrio Cañadón. Las protagonistas son dos familias que mantienen un conflicto por el alquiler de una vivienda.

La situación demandó la presencia de la policía y del propio juez penal de la ciudad Carlos Narvarte.

Una familia de varios integrantes alquila hace unos dos meses una vivienda ubicada sobre la calle Ana Rosa Fuentes de ese barrio alto de la ciudad.

El contrato se hizo con una inmobiliaria local por un plazo de 24 meses, y cuyos costos serían afrontados por el área de Acción Social del municipio, como parte de asistencia social.

Pero los propietarios de esa casa les solicitan que dejen la vivienda. Argumentan que habían dejado la vivienda a disponibilidad de la inmobiliaria para realizar una venta y no para alquilarla.

Miembros de la familia comentaron a periodistas de este portal que si bien habían recibido la propuesta de alquiler por parte de la oficina, esta no fue aceptada, por lo que no se prestó acuerdo no enviando el poder necesario para que pudiera ser alquilada.

Ambas familias coinciden que aún así, la inmobiliaria realizó el contrato y percibe los pagos de manera mensual.

El propietario de la vivienda dice venir intentando convencer a los inquilinos que dejen la vivienda, porque además no está siendo bien cuidada.

Los propietarios acudieron a un estudio jurídico de la localidad para pedir asesoramiento, igual que lo hicieron los inquilinos.

De uno y otro lado recibieron el asesoramiento legal al respecto, indicando que ninguna de las partes podía actuar sobre la otra en forma inmediata, y que para el caso, la ley estipula formas y plazos de tiempo.

La familia propietaria se presentó en la noche del martes en la vivienda alquilada e ingresó con sus inquilinos en el interior, reclamando su propiedad y bajo advertencia que no se irían hasta que los inquilinos decidieran mudarse.

Las disputas hizo que acudiera la policía a ese lugar, y luego el juez Carlos Narvarte y de uno de los secretarios penales Rodrigo Rizatto.

Luego de unos 40 minutos que los funcionarios judiciales permanecieran con ambas partes dentro de la vivienda, la situación se descomprimió. Los propietarios debieron dejar la vivienda a los inquilinos ya que la ley indica que ninguna persona puede invadir a otra, aún siendo el propietario del inmueble, más cuando el inquilino posee un contrato firmado por la tenencia del bien durante un tiempo determinado.

Para la intención de los propietarios, la legislación contempla plazos, intimaciones y hasta un juicio de desalojo, lo que nada de esto ocurre en este caso.

Ahora Calafate supo que al finalizar su presencia, el juez Carlos Narvarte solicitó que Acción Social del municipio atienda la necesidad habitacional de los inquilinos para que puedan dejar la vivienda.

Ahora no se descarta que sendas familias puedan iniciar acciones legales contra la inmobiliaria que firmó el contrato y entregó las llaves de la vivienda.